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Esta problemática se vuelve sumamente virulenta cuando uno quiere desarrollar una explotación biodinámica; se necesita tierra, colaboradores y capital, es decir, un volumen financiero que desde el punto de vista pecuniario nunca da sus frutos; el puesto de trabajo en la agricultura es hoy, en las circunstancias dadas, más caro que en la industria química. ¿Qué cabe hacer? Hay que establecer un estado de derecho puro, es decir, uno que esté sostenido exclusivamente por el principio de igualdad. Tal estado no existe en el ordenamiento jurídico actual; los derechos se comercializan como patatas. Hay que inventar primero, en el propio acto de crearlo, ese estado del derecho sin adulteración. Para ello hace falta un marco jurídico en el que esto sea posible. Tal marco se ofrece en el ordenamiento jurídico vigente a través del derecho de asociaciones sin ánimo de lucro, del derecho mercantil y del derecho de fundaciones. Se trata de asegurar, mediante entidades sin ánimo de lucro, en la medida de lo posible la inalienabilidad de la tierra y del capital. Para ello es necesario, donde quiera que sea factible, un acto de donación, o bien, mediante una financiación única —à fonds perdue— una liberación de las fincas y del capital en ellas vinculado de las antiguas ataduras jurídicas (derecho hereditario, etc.). Garantizado esto, pueden abrirse nuevos caminos en la administración fiduciaria y en el derecho de uso, en el sentido de que el suelo y el capital, desde criterios puramente espirituales y con exclusión de todo derecho hereditario, se pongan a disposición de aquellos que se han capacitado para ello tanto desde el ideal de la ciencia espiritual como desde la habilidad práctica del oficio. La administración fiduciaria queda en manos de quienes están en condiciones de portar el impulso espiritual de la agricultura biodinámica, a través del cambio histórico del avance de la humanidad, de una generación de agricultores a la siguiente.